
Por: Ramón A. Rodríguez Veras
En República Dominicana, el robo de celulares y motocicletas suele tratarse como una suma de casos aislados, un atraco en una esquina, un arrebato al salir del trabajo, una motocicleta desaparecida de una acera, una persecución policial que termina en nota de prensa. Ese enfoque sirve para la crónica roja, pero no para entender el problema. Lo que tenemos delante no son solo delitos dispersos. Es un circuito económico informal que funciona porque hay mercancía fácil de revender, compradores que no preguntan demasiado, registros incompletos, controles débiles y una capacidad estatal todavía insuficiente para cerrar la ruta completa del robo.
Con los celulares ocurre algo muy claro, aunque las estadísticas públicas no siempre separan el teléfono como categoría autónoma de condena o de victimización, el Estado sí reconoce que es uno de los bienes sustraídos con mayor frecuencia. En su resumen ejecutivo de criminalidad del 27 de octubre de 2025, la Policía Nacional reportó 4,557 robos en los primeros 24 días de ese mes y destacó que entre los bienes más sustraídos estaban el celular y la motocicleta. El informe de cierre geográfico de 2025 también ubica a Santo Domingo Este, Distrito Nacional y Santiago entre los territorios con mayor incidencia de robos.
Ese dato por sí solo ya desmonta una excusa habitual, no se trata únicamente de “hechos aislados” o de “percepción”. Hay una exposición real, concentrada en áreas urbanas, y con una relación directa con objetos que caben en un bolsillo y tienen salida rápida en el mercado informal. A eso se añade otro problema, el nivel de denuncia. Según la encuesta ENHOGAR 2022, entre las víctimas de robo a la persona con violencia, solo 50.8% denunció; en el robo a la persona sin violencia, apenas 28.5% lo hizo. Es decir, en una parte importante de los casos, el sistema ni siquiera recibe la noticia criminal.
Con las motocicletas el panorama es todavía más estructural. La DGII reportó que al 31 de diciembre de 2025 había 3,846,694 motocicletas registradas en el parque vehicular nacional, equivalentes al 57.9% de todos los vehículos con placa definitiva del país. Solo en 2025 ese parque creció en 314,727 unidades. Dicho de otro modo, la motocicleta no es un fenómeno marginal en la movilidad dominicana; es el corazón del parque vehicular. Y cuando el principal vehículo del país es también uno de los bienes más robados, el problema deja de ser policial en sentido estrecho y pasa a ser económico, registral y regulatorio.
La ley dominicana, por supuesto, ya tipifica el robo. El Código Penal define en su artículo 379 que quien sustrae fraudulentamente una cosa ajena comete robo. Si el hecho ocurre con violencia, el artículo 382 prevé penas de 5 a 20 años de reclusión mayor; y cuando concurren agravantes como nocturnidad, pluralidad de autores, armas y violencia o amenaza, los artículos 381 y 386 endurecen aún más la sanción. El problema, por tanto, no es que el país carezca de castigo legal. El problema es que la amenaza penal por sí sola no desmantela mercados informales que siguen absorbiendo celulares y motores robados.
Ahí está el núcleo del asunto. Un celular se roba porque puede revenderse rápido, activarse de nuevo o desarmarse. Una motocicleta se roba porque puede circular sin suficiente trazabilidad, venderse por piezas, alterarse o entrar en un circuito de uso informal. Mientras el país siga discutiendo el robo únicamente en la fase del asalto y no en la fase de la reventa, seguirá persiguiendo síntomas y no la enfermedad.
En celulares, República Dominicana sí tiene herramientas normativas que conviene tomarse en serio. INDOTEL dispone de un sistema de control de IMEI y del portal GSMA para consultar si un equipo figura como robado, perdido o bloqueado, y desde 2022 entró en vigencia una normativa reforzada para la identificación y bloqueo de equipos reportados. El problema es que una norma útil no equivale automáticamente a una política efectiva si no se vuelve costumbre nacional revisar el IMEI antes de comprar, si no se fiscaliza el comercio de equipos usados y si no se sanciona de verdad a quien compra para revender mercancía sospechosa.
La propia administración pública admite que arrastra un problema de subregistro e informalidad. El plan estratégico nacional de seguridad vial reconoce la existencia de motocicletas no registradas en DGA y/o DGII, algunas vinculadas a importaciones sin documentación ni pago de impuestos, así como unidades que pagaron importación pero no completaron primera placa y registro. El INTRANT, por su parte, informó que el Registro Nacional de Motocicletas tenía 957,776 registros únicos al 12 de diciembre de 2024. Esa cifra no es directamente comparable con el parque vehicular de la DGII porque responden a bases y finalidades distintas, pero sí revela algo preocupante, el Estado dominicano todavía administra el mundo de las motocicletas con padrones que no conversan lo suficiente entre sí.
También urge reconocer una realidad que muchos prefieren evitar, una parte de la economía cotidiana se beneficia del desorden. Hay compradores de celulares que aceptan precios absurdamente bajos “sin preguntar”. Hay talleres y comercios donde una motocicleta puede desarmarse y desaparecer administrativamente. Hay usuarios que circulan sin seguro, sin placa visible, sin matrícula encima o con documentación deficiente. Y hay sectores que reaccionan contra toda tentativa de ordenar el mercado porque viven, precisamente, de la opacidad. El Decreto 420-23 intentó fortalecer el régimen de registro y comercialización de vehículos de motor y remolques; su sola existencia muestra que el desorden previo no era una exageración retórica, sino un problema regulatorio real.
¿Qué hacer, entonces? Lo primero es dejar de hablar de “robo de celulares” y “robo de motores” como si fueran dos expedientes separados. En los dos casos, el delito prospera cuando hay mercado secundario opaco. La política pública debe moverse en tres frentes al mismo tiempo.
El primero es trazabilidad comercial. Ningún establecimiento formal debería poder vender celulares usados sin validación obligatoria de IMEI contra la base habilitada por INDOTEL. Tampoco debería ser legal que dealers, talleres, centros de repuestos o puntos de venta de motocicletas usadas operen sin licencia visible, factura electrónica y trazabilidad de chasis, motor y matrícula. La DGII ya exige para la primera placa de motocicletas documentos como planilla de importación, recibos DGA/DUA/BL y factura comercial o título de propiedad. Esa lógica documental debe continuar después de la importación, hasta la venta final y los traspasos.
El segundo frente es inteligencia focalizada, no patrullaje indiscriminado. Si la Policía sabe que celular y motocicleta son de los bienes más sustraídos, y que Santo Domingo Este, Distrito Nacional y Santiago concentran alta incidencia de robos, entonces los operativos deben organizarse con mapas calientes, seguimiento a receptadores, recuperación rápida y trabajo conjunto con el Ministerio Público para intervenir puntos de compra y desarme. Perseguir únicamente al atracador de calle deja intacto al verdadero estabilizador del negocio, el comprador que convierte el robo en liquidez.
El tercer frente es integración de bases de datos. Hoy la República Dominicana tiene piezas dispersas, parque vehicular DGII, registro de motocicletas del INTRANT, reportes de la Policía, información aduanera, control de IMEI en INDOTEL y denuncias del Ministerio Público. Mientras esas bases no dialoguen con criterios de interoperabilidad real, el Estado seguirá viendo el fenómeno por fragmentos. El país necesita un tablero único para bienes sustraídos de alta rotación, con consulta inmediata para patrullas, fiscales, operadores 9-1-1 y órganos de fiscalización.
A eso habría que añadir dos decisiones más, sencillas y viables. La primera, convertir en rutina nacional la consigna “no compre sin verificar”. En celulares, verificar IMEI; en motocicletas, exigir matrícula, placa, seguro y trazabilidad básica. La segunda, castigar administrativamente con más severidad la circulación reiterada de motocicletas sin documentación válida y el comercio de repuestos o equipos cuya procedencia no pueda explicarse. En un mercado informal, la sanción penal llega tarde; la sanción administrativa bien aplicada puede cerrar antes la puerta de entrada.
Hay, por último, un punto político que conviene decir sin rodeos. Cada vez que el país tolera la compra de un celular “barato” sin revisar origen, o la venta de una motocicleta sin papeles completos, está financiando el próximo robo. No es solo un problema del delincuente que arrebata o atraca. Es también un problema del mercado que recibe la mercancía, del Estado que no cruza sus registros y de la sociedad que normaliza la informalidad cuando le conviene.
La República Dominicana no necesita otro discurso genérico sobre seguridad. Necesita cerrar la economía del robo. Cuando robar un celular deje de ser negocio, bajará el arrebato. Cuando robar una motocicleta deje de ser fácil de colocar, bajará la sustracción. La diferencia entre seguir contando casos o empezar a resolver el problema está ahí, en pasar del asaltante visible al mercado invisible que hoy le da sentido a toda la cadena.
































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