Vacíos en política migratoria y sistema de justicia favorecen trata de mujeres en el país
Por Emilia Santos Frias
El desempleo y la crisis económica en Venezuela y Haití; la pobreza extrema y violencia de género, la paternidad ausente, propician actualmente, masiva migración a República Dominicana. Este último como factor reciente en la vida de las mujeres migrantes que residen en nuestra nación, quienes afirman haber sido golpeadas por las parejas o cónyuges en sus respectivos países, donde no denunciaron a los agresores. Ante estos abusos, vieron en la migración una alternativa para romper con la violencia de género, frente a la debilidad que tienen los sistemas de justicia para enfrentar la hegemonía del poder masculino.
La problemática de la trata de persona en República Dominicana, es invisibilizada, debido al débil y lento funcionamiento de los mecanismos de detección, persecución y atención especializada en provincias y municipios, donde aún es necesaria la instalación de fiscalías y personal capacitado. La debilidad para combatir este crimen, la encontramos en la detección y persecución de los casos.
Indudablemente, existe también debilidad en la coordinación y contacto entre autoridades venezolanas y haitianas. Esto así, porque la culminación de la explotación sexual, se vincula a la falta de supervisión y monitoreo de los escenarios donde existe mayor riesgo de trata de mujeres. “La trata se basa en un tejido de confianza que sirve de mantenimiento para esconder las tramas de el engaño, venta, secuestro y explotación”.
El tema de la trata de mujeres extranjeras en nuestro país, y su articulación con el fenómeno de la trata a nivel internacional, desde la perspectiva de género, derechos humanos y ciclo de vida, fue analizado en el Estudio Cualitativo sobre la Trata de Mujeres Extranjeras en República Dominicana, de la autora de la estudiosa Tahira Vargas, editado por la Unión Europea y el Instituto Nacional de migración, en 2021.
La investigación realizada en ocho provincias entre ellas, Santo Domingo, Puerto Plata, Peravia, Barahona, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, entre otras, buscó identificar las modalidades de la trata de mujeres migrantes, causas, modo de operación de las redes; funcionamiento de los mecanismos de detección, prevención, persecución y protección e instituciones que intervienen en este problema, afirma que, mujeres migrantes venezolanas y haitianas.
Así como, colombianas, chinas y las propias dominicanas, que son tratadas en el país para fines de explotación sexual, sexual comercial, laboral, trabajo doméstico y matrimonio servil. “La trata puede ser impulsada por una acumulación de factores de riesgos que acercan a las personas vulnerables a la explotación”.
Otra causa que la propicia es la condición estructural de los países. Venezolanas y haitianas ven a nuestra nación favorable para obtener trabajos desde el sector informal. Lamentablemente, el país no cuenta con datos duros, o cifras objetivas, acerca de la situación actual de este crimen transnacional. Pero las mujeres siguen siendo captadas vía internet, redes sociales y buscones. Mientras es notable la debilidad de las instituciones encargadas de la detección, persecución del delito.
El citado dato es confirmado por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), en su informe de 2019. Testimonios de mujeres víctimas de trata, recogidos en el precedente estudio, indican que nuestra nación es un lugar de destino de las diferentes modalidades del crimen de trata de personas, entre ella, explotación sexual, laboral, y matrimonio servil. Siendo las víctimas mujeres jóvenes entre 18 y 32 años; caso de las venezolanas, y haitianas de 18 a 50 años, así como, menores de edad, todas con condiciones socioeconómicas desfavorables.
Las mujeres investigadas aseguran que entre el personal de servicio de aeropuerto y de frontera, con las redes de tratantes, existe acuerdo y transacciones que fortalecen este horrendo crimen. “Luego de cruzar a pie a Rep. Dom, donde le recoge un vehículo, en las fronteras se paga peajes a choferes y militares, entre RD$1,000 y 7,000 pesos si la mujer llega a Santo domingo”.
Ante este panorama, la mujer haitiana no denuncia, porque afirma, hay debilidad en la admisión en las oficialías, cuarteles y ayuntamientos. Además, por miedo y desconfianza al solicitar protección. Ella ha tenido menor oportunidad de acceso a educación, que las venezolanas, revela la Encuesta Nacional de Inmigrantes 2017, citando que, el 24.6 % de las inmigrantes haitianas en nuestra nación, no sabe leer ni escribir.
El financiamiento de la migración para las mujeres migrantes, sigue siendo el endeudamiento, ya sea, financiadas de manera propia, mediante prestamos, prestamistas o usureros; cónyuges; por familiares, amistades y dueños de negocios o mediante favores; servicios sexuales exigidos por buscones y compradores, en el caso de las haitianas.
Lo cierto es que llegan a nuestro país y se desplazan de una provincia a otra en busca de mejores oportunidades laborales o mayor flujo de clientes, en el caso de quienes se dedican al trabajo sexual. Su retención en los negocios está centrada en el endeudamiento. En el caso de las venezolanas, quienes llegan en alianza con tratantes, son recogidas en el aeropuerto, por dueños de negocios y llevadas al lugar de trabajo y alojamiento.
Las haitianas se movilizan desde la frontera hasta nuestro territorio, caminando y en autobuses; llevadas a los negocios de explotación; a hombres haitianos y dominicanos, que las han comprado en matrimonio, es decir, como esclavas sexuales.
La Ley 137-03 define la trata de personas como la captación, transporte, traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a amenaza, a la fuerza, o a la coacción, al rapto, al fraude, el engaño, abuso de poder, situaciones de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación, para que ejerza cualquier forma de explotación sexual, pornografía, servidumbre por deudas, trabajo o servicios forzados, matrimonio servil, adopción irregular y esclavitud…
En ese aspectos, algunas venezolanas, algunas viven en el país, con parejas dominicanas que pagaron las deudas que habían contraído al emigrar, esto es llamado matrimonio honrado. Algunas han residido en otros países con anterioridad al nuestro, como Colombia, Curazao, Ecuador, Perú, México, Trinidad, Chile, Estados Unidos y Costa Rica, y han vivido experiencia de trata y trabajos sexual forzado.
Mientras que, las haitianas conviven con parejas que las compraron a buscones; una especie de chulo, que la comercializa y coloca en condición de matrimonio servil o pareja sexual, sin el consentimiento de esta. En ocasiones en condición de violencia y engaño. “Vienen a realizar trabajo doméstico y terminan siendo vendidas, llegando a sufrir violencia física”, cita la investigación tomada como base para este artículo.
Estas, no han estado en otra nación anterior a la República Dominicana, pero tienen común con las venezolanas, el patrón de abuso sexual, que se agudiza con la trata de persona. En ese orden, las venezolanas realizan trabajos sexuales en negocios, casa de citas, car wash, night club, discotecas, restaurantes, donde padecen violencia de género y psicológica, expresadas en el control y las restricciones.
Las haitianas ejercen en la calle y son marginadas, allí, sufren agresiones físicas, verbales y sexuales, afirma la investigación. Una diferencia es que las primeras envían remesas a su país, una acción poco realizada por las segundas.
Ante esta problemática nuestro país se ocupó en realizar en 2018, 24 investigaciones de trata de personas, obtuvo 12 sentencias con 68 migrantes en situación de trata, de acuerdo al informe de MIREX en 2019, el cual no especifica nacionalidades.
Actualmente existen mesas de ciudadanía y género que procuran realizar talleres de sensibilización dirigidos a representantes del sector turismo, agentes y militares. Además, campañas de concienciación y persecución del delito de trata, que gestiona la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).
Sin embargo, vacíos en la política migratoria y el sistema de justicia, favorecen la trata de mujeres en el país. Entre ellos, el desconocimiento que tienen las personas migrantes de los derechos que poseen en nuestra nación; las restricciones migratorias; debilidades del Plan Nacional de Regulación de Extranjeros y la gran cantidad de personas que viven en condición de irregularidad, luego de entrar por avión o tierra y cumplir el periodo regular.
Ante esto la ley no contempla regular a personas que han sido víctimas de trata, ni reconoce el estatus de refugiado, unido a la irregularidad y deficiencia en el control migratorio en fronteras y aeropuertos. Por lo que, es necesario crear políticas migratorias fuertes; sostener acuerdos entre países como Venezuela y Haití; crear campañas con enfoque garantista de derechos humanos y derechos fundamentales. Así como, establecer políticas institucionales de atención, protección, asistencia y seguimiento, exhorta el referido estudio.
Hasta la próxima entrega.
La autora reside en Santo Domingo
Es educadora, periodista, abogada y locutora
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