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Adolfina Mejia
junio 25, 2023
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Se recuerda que Pro Consumidor y ADESS firmaron un acuerdo para inspeccionar, fiscalizar y sancionar a los comercios que incurran en esta pr谩ctica delictiva-
SANTO DOMINGO.- El Instituto Nacional de Protecci贸n de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) inform贸 que cerr贸 un total de 27 comercios adheridos a la Red de Abastecimiento Social (RAS) por estos haber cometido fraude con las tarjetas de ayudas sociales que otorga el gobierno a las personas en situaci贸n de pobreza.
El director de Pro Consumidor, Eddy Alc谩ntara, explic贸 que la entidad que dirige realiz贸 varios operativos en diferentes puntos del pa铆s y tras comprobarse estas irregularidades dispuso como medida cautelar “la suspensi贸n inmediata de las actividades comerciales de estos establecimientos”.
El funcionario dijo que estos operativos se llevaron a cabo dando cumplimiento al acuerdo firmado recientemente entre Pro Consumidor y la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) para inspeccionar, fiscalizar y sancionar a los comercios de la Red de Abastecimiento Social que incurran en malas pr谩cticas comerciales en perjuicio de las personas que se benefician de los programas sociales del Estado.
Manifest贸 que los operativos de inspecci贸n y las suspensiones de las actividades comerciales de estos establecimientos fueron realizados atendiendo a las constantes denuncias y reclamaciones que llegaban a ADESS por parte de personas afectadas por esta mala pr谩ctica comercial.
Alc谩ntara explic贸 que del 1 de marzo al 2 de abril de 2023, se recibieron por v铆a de Administradora de Subsidios Sociales denuncias de los beneficiarios del plan de subsidios sociales “referentes al no reconocimiento de los consumos realizados en estos establecimientos”.
Asimismo, el funcionario dijo que seg煤n la resoluci贸n se pudo evidenciar que desde el primero de diciembre del a帽o 2022 al 28 de febrero de 2023 fueron descontados de forma fraudulenta los montos acreditados por la Administradora de Subsidios Sociales a los denunciantes.
Alc谩ntara explic贸 que los establecimientos comerciales que fueron cerrados se encuentran ubicados principalmente en las provincias de San Juan, Santo Domingo, Bahoruco, Barahona, S谩nchez Ram铆rez, Mar铆a Trinidad S谩nchez, Distrito Nacional y otras.
Dijo que estos operativos continuar谩n realiz谩ndose para garantizar los derechos de los consumidores que reciben estas ayudas sociales y evitar que sigan cometi茅ndose estos fraudes.
“Estas jornadas de inspecci贸n ser谩n de forma permanente y los comercios que se les encuentren cometiendo estas irregularidades ser谩n cerrados como lo establece la Ley 358-05 de Protecci贸n al Consumidor”, expres贸.
El titular de Pro Consumidor indic贸, asimismo, que con esta acci贸n se busca proteger a los consumidores beneficiarios de este tipo de ayuda social, de la cual el gobierno destina mensualmente m谩s de tres mil millones de pesos.
Record贸 que el convenio firmado con el director general de la Administradora de Subsidios Sociales, Catalino (Freddy) Correa Hiciano, busca promover una gesti贸n de la actividad comercial m谩s eficiente y amigable entre los establecimientos adheridos a la RAS “y en beneficio de las personas participantes de los programas de protecci贸n social creados por el gobierno dominicano, garantizando con ello una mayor inclusi贸n y el alcance de los objetivos de erradicaci贸n de la pobreza”.
Eddy Alc谩ntara se帽al贸 que los beneficiarios estaban siendo objeto de timaci贸n por parte de comerciantes en complicidad con sectores delincuenciales, afectando tanto el programa, como los intereses de los consumidores y al propio Estado dominicano.
Indic贸 que de comprobarse la violaci贸n a las disposiciones legales en perjuicio de la poblaci贸n consumidora nacional, podr铆a ser iniciado en contra de estos negocios un procedimiento administrativo sancionador por violentar las disposiciones de la Ley 358-05 y otras leyes sectoriales, “como tambi茅n las acciones penales en contra de los propietarios de estos establecimientos comerciales”.
Dijo finalmente, que los expedientes de los negocios cerrados por malas pr谩cticas comerciales ser谩n remitidos al Ministerio P煤blico para que empiecen las acciones penales correspondientes.
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