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Adolfina Mejia
septiembre 13, 2023
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Según la entidad éstos préstamos no figuran en Deuda Pública y no fueron aprobados por el Congreso Nacional.
Santo Domingo, República Dominicana. - El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Miguel Surun Hernández, interpuso una querella contra José Manuel Vicente y Luis Valdez Veras, ministro de Hacienda y director general de Impuestos Internos, respectivamente, por la suscripción de dos contratos de préstamos otorgados por bancos a la DGII, por unos 45 mil millones de pesos, los cuales no figuran registrados en Deuda Pública.
El jurista dice además que ésta cantidad tampoco fue aprobada por el Congreso Nacional, a pesar de enagenar Rentas Nacionales, y de haber sido concertados por plazos de 15 y 4 años, lo que asegura usurpa las atribuciones del Presidente de la República, único con la facultad de suscribir empréstitos que comprometan rentas nacionales.
Surun Hernández indicó que “Nos encontramos en presencia de hechos graves, donde funcionarios públicos presionaron a 29 bancos comerciales a entregar dicha suma en diciembre del 2020 y en julio del 2023, distribuida en porciones para cada entidad financiera, fijada de manera discrecional por el Ministro de Hacienda, en una operación de préstamo clandestina, pues no fue registrada en la Dirección de Crédito Público como consagra la ley, lo cual evidentemente compromete la responsabilidad de todos los funcionarios actuantes", subrayó.
Indicó que las leyes orgánicas del Ministerio de Hacienda y de la Dirección General de Impuestos Internos no consagran facultad a José Manuel Vicente, ni a Luis Valdez Veras, para realizar contratos de préstamos, destinándole esta función sólo al Presidente de la República, por lo que ha sido violado el artículo 93.1 de la Constitución.
Asimismo señaló que otro artículo violentado es el 128.4 de la Carta Magna que textualmente dice: “Elaborar contratos, sometiéndolos a la aprobación del Congreso Nacional cuando contengan disposiciones relativas a la afectación de las rentas nacionales, a la enajenación de bienes del Estado, al levantamiento de empréstitos o cuando estipulen exenciones de impuestos en general, de acuerdo con la Constitución.
Surun Hernández indicó que “Nos encontramos en presencia de hechos graves, donde funcionarios públicos presionaron a 29 bancos comerciales a entregar dicha suma en diciembre del 2020 y en julio del 2023, distribuida en porciones para cada entidad financiera, fijada de manera discrecional por el Ministro de Hacienda, en una operación de préstamo clandestina, pues no fue registrada en la Dirección de Crédito Público como consagra la ley, lo cual evidentemente compromete la responsabilidad de todos los funcionarios actuantes", subrayó.
Indicó que las leyes orgánicas del Ministerio de Hacienda y de la Dirección General de Impuestos Internos no consagran facultad a José Manuel Vicente, ni a Luis Valdez Veras, para realizar contratos de préstamos, destinándole esta función sólo al Presidente de la República, por lo que ha sido violado el artículo 93.1 de la Constitución.
Asimismo señaló que otro artículo violentado es el 128.4 de la Carta Magna que textualmente dice: “Elaborar contratos, sometiéndolos a la aprobación del Congreso Nacional cuando contengan disposiciones relativas a la afectación de las rentas nacionales, a la enajenación de bienes del Estado, al levantamiento de empréstitos o cuando estipulen exenciones de impuestos en general, de acuerdo con la Constitución.
El monto máximo para que dichos contratos y exenciones puedan ser suscritos por el Presidente de la República sin aprobación congresual, será de doscientos salarios mínimos del sector público.”
El presidente del Card explicó que dicho contrato no sólo constituye una operación de préstamo, sino que compromete las rentas nacionales durante los próximos 15 años.
“Estamos en presencia no solo de operaciones de crédito clandestinas, al margen de los registros de los organismos internacionales, sino además de una clara usurpación de funciones, que se configura cuando una persona o funcionario público realiza funciones que corresponden a otro funcionario u otro poder, para hacerse entregar fondos por parte de entidades financieras, atribuyéndose poderes que ni la ley, ni la Constitución les han otorgado.
El presidente del Card explicó que dicho contrato no sólo constituye una operación de préstamo, sino que compromete las rentas nacionales durante los próximos 15 años.
“Estamos en presencia no solo de operaciones de crédito clandestinas, al margen de los registros de los organismos internacionales, sino además de una clara usurpación de funciones, que se configura cuando una persona o funcionario público realiza funciones que corresponden a otro funcionario u otro poder, para hacerse entregar fondos por parte de entidades financieras, atribuyéndose poderes que ni la ley, ni la Constitución les han otorgado.
Sostiene que ésto pone en grave riesgo la estabilidad del sistema financiero nacional, y el Estado de Derecho, ante una operación de presión practicada desde el Estado para que se le entreguen recursos fraudulentamente, sin el control del Congreso, ni registro en los organismos correspondientes, en violación al artículo 400 del Código Penal, y del artículo 236 de la Constitución",explicó Surun Hernández.
Explicó que artículo 236 de la Carta Magna establece que: ”Ninguna erogación de fondos públicos será válida, si no estuviere autorizada por la ley y ordenada por funcionario competente".
Mientras que el 400 del Código Penal indica que: "Obligar a una persona, a través de la utilización de violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto jurídico o negocio jurídico con ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial o bien del sujeto pasivo y bien normalizado".
Miguel Surun Hernández, presidente del CARD, mediante instancia, solicitó a la Procuraduría General de la República gestionar copia de los expedientes relativos a dichas transacciones y anunció el inicio de acciones legales tendentes a la declaratoria de nulidad por fraude de esas operaciones.
Explicó que artículo 236 de la Carta Magna establece que: ”Ninguna erogación de fondos públicos será válida, si no estuviere autorizada por la ley y ordenada por funcionario competente".
Mientras que el 400 del Código Penal indica que: "Obligar a una persona, a través de la utilización de violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto jurídico o negocio jurídico con ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial o bien del sujeto pasivo y bien normalizado".
Miguel Surun Hernández, presidente del CARD, mediante instancia, solicitó a la Procuraduría General de la República gestionar copia de los expedientes relativos a dichas transacciones y anunció el inicio de acciones legales tendentes a la declaratoria de nulidad por fraude de esas operaciones.
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