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Adolfina Mejia
marzo 07, 2024
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Advierten privatización de estos servicios constituye la pena de muerte para pacientes renales de escasos recursos económicos.
Miguel Surun Hernández, hablando en representación del grupo, calificó esta resolución como “una condena de muerte”, ya que la vida de muchas personas dependen del acceso oportuno a los servicios de hemodiálisis, lo cual dependerá de la voluntad o no del empresario propietario de estos servicios.
“Lo grave del caso es que de conformidad con la propuesta de privatización aprobada por el Estado dominicano, las ganacias del sector privado ascenderían a cinco mil millones de pesos, pues sobre el Estado se cargarían los espacios físicos y el pago del personal técnico y de enfermería, quedando el sector privado prácticamente con el cobro del dinero que genere dicho servicio, lo cual es un despropósito contra los intereses de la nación”, manifestó Surun Hernández.
El jurista indicó, además, que la disposición es contraria al artículo 61 de la Constitución que garantiza el derecho a salud, el cual según expresó no se está garantizando para las personas más desposeídas.
Recordó que el Estado dominicano ha realizado cuantiosas inversiones en la adquisición de máquinas de hemodiálisis “las cuales van a ser entregadas y desechadas en favor del sector privado a quien se le entregan no solamente las máquinas existentes, sino también los espacios físicos y el personal que operará esas máquinas. Es decir, al sector privado se le entregará el cobro de los servicios y al pueblo la obligación de pagar”.
El grupo dijo esperar que el Tribunal Superior Administrativo actúe en consecuencia, dejando sin efecto lo que consideraron un atentado contra la salud de los pacientes renales de escasos recursos económicos.
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