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Adolfina Mejia
septiembre 27, 2024
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Santo Domingo. – La Asociación Dominicana de Bancas Deportivas, (ADOBAD), denunció que un decreto presidencial emitido el 23 de diciembre de 2019 a favor de la Comisión Hípica Nacional facilita la comercialización de juegos de azar electrónicos de manera irregular.
Atreves de una nota de prensa la entidad explica que mediante dicho decreto 480-19 el cual actualizó el Reglamento Hípico Nacional, se le dio a esta comisión la facultad de expedir licencias para que establecimientos denominados “agencias hípicas” puedan comercializar juegos de azar electrónicos.
Argumenta que esa disposición, contenida en los artículos 2 y 5 del referido decreto, contradice frontalmente lo que establecen las leyes 494-06 y 253-12, que atribuyen al Ministerio de Hacienda la exclusiva competencia de regular todo tipo de juegos de azar en el país.
“Se trata de una flagrante violación a la Constitución por parte del Poder Ejecutivo, el cual desconoce la autoridad del Congreso Nacional, al tiempo en que falta a su deber constitucional de cuidar de la fiel ejecución de las leyes”, explica el documento.
Precisa que a raíz de esta situación la Comisión Hípica Nacional ha expedido numerosas licencias para la comercialización de juegos de azar electrónicos, lo cual ha propiciado la instalación de “agencias hípicas” en todo el país, sin que estas cumplan con los requisitos exigidos por la normativa vigente para ofrecer estos servicios.
“Esto cercena los derechos adquiridos por los inversionistas que operan bancas de apuestas deportivas, casinos y salas de juego”, advierte.
Indica además que, con el propósito de corregir la situación, ADOBAD envió una carta al presidente de la Republica Luis Abinader para que emitiera un decreto que suprima el anterior, pero que hasta el momento no han obtenido respuesta alguna.
“Tan desoladora apatía del Poder Ejecutivo nos ha obligado a acudir al Tribunal Constitucional, ante el cual hemos depositado una acción directa en inconstitucionalidad para propiciar la anulación de las citadas disposiciones del decreto, las cuales agreden el principio de separación de los poderes públicos y las facultades legislativas del Congreso Nacional”, concluyeron.
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