Writen by
Adolfina Mejia
noviembre 09, 2024
-
0
Comments
Gobernadores como Gavin Newsom, de California, y J.B. Pritzker, de Illinois, piden a los legisladores estatales que se preparen para las batallas legales.
Mientras Donald Trump saboreaba una victoria aplastante en la carrera presidencial, los líderes demócratas de al menos tres capitales estatales han comenzado a movilizarse para rechazar posibles políticas republicanas en temas como la salud reproductiva y el medioambiente.
En California, el gobernador Gavin Newsom convocó el jueves a los legisladores a una sesión legislativa especial el próximo mes “para salvaguardar los valores y los derechos fundamentales de California ante la llegada de un gobierno de Trump”.
En Illinois, el gobernador J.B. Pritzker dijo el jueves que pediría a los legisladores de su estado, posiblemente la semana próxima, que aborden las posibles amenazas de un segundo mandato de Trump. “Vienen por mi gente”, dijo Pritzker en una conferencia de prensa, “tienen que pasar sobre mí”.
En Washington, el fiscal general y gobernador electo, Bob Ferguson, dijo el jueves que esperaba no asumir un papel de adversario. Pero mencionó que su equipo legal se había estado preparando durante meses en previsión de un segundo mandato de Trump, incluida una revisión línea por línea de los planes del Proyecto 2025 promocionados por los aliados de Trump. “Espero en Dios, rezo para que las cosas de las que estamos hablando no sucedan”, dijo Ferguson.
Los anuncios hicieron eco en una promesa hecha el miércoles por la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, de “honrar” los resultados electorales y tratar de trabajar con Trump, pero también de luchar contra cualquier esfuerzo por recortar las libertades reproductivas, ampliar los derechos de armas o frenar las regulaciones medioambientales.
En una rueda de prensa, Hochul se dirigió directamente a Trump: “Si intenta perjudicar a los neoyorquinos o hacer retroceder sus derechos, lucharé contra usted en todo momento”.
Los gobernadores demócratas se han opuesto agresivamente a Trump desde 2017, cuando entró en funciones. Varios se han posicionado a nivel nacional como líderes de una lucha en contra de su agenda, que consideran tanto extrema como una amenaza para los valores de sus electores. Newsom y Pritzker, en particular, se han alzado como abanderados de su partido y como posibles aspirantes presidenciales por derecho propio.
Se espera que otros estados liderados por demócratas se unan al esfuerzo, especialmente dado el poder federal que los republicanos podrían ejercer a partir del próximo año, sobre todo si ganan la Cámara de Representantes además del Senado y la Casa Blanca. A diferencia de 2016, cuando Trump ganó en el colegio electoral pero perdió el voto popular frente a Hillary Clinton, se espera que el expresidente llegue a Washington envalentonado con una victoria aplastante y un cometido.
“Gobernaré con un simple lema”, dijo Trump a sus partidarios en Florida el martes. “Promesas hechas, promesas cumplidas”.
Es probable que gran parte de la carga recaiga sobre los estados más grandes y poblados, como California. Un plan de contingencia en caso de reelección de Trump ha estado en marcha durante más de un año en Sacramento, involucrando no solo a la oficina del gobernador, sino también a legisladores y organismos reguladores estatales.
“Las libertades que tanto apreciamos en California están siendo atacadas, y no nos quedaremos de brazos cruzados”, dijo Newsom en un comunicado el jueves. “California se ha enfrentado a este desafío antes y sabemos cómo responder”.
California tiene casi 39 millones de residentes, y su economía es tan grande —eclipsando, con algunas excepciones, a aquellas en todos los países— que puede mover los mercados y dirigir la política nacional. Durante los cuatro años que Trump estuvo anteriormente en el cargo, el estado demandó a su administración más de 120 veces.
El fiscal general del estado, Rob Bonta, dijo que él y su personal consultaron con otros fiscales generales durante meses y prepararon detalladas impugnaciones legales en caso de que el expresidente regresara al cargo. “No nos quedaremos de brazos cruzados en enero”, dijo.
California también tiene más que perder con un gobierno de Trump que la mayoría de los estados. En una proclama en la que convocó la sesión especial, Newsom dijo que el estado podría sufrir consecuencias “significativas e inmediatas” del resultado presidencial de esta semana.
Su lista de preocupaciones incluía los intentos de Trump, como represalia política, de limitar el acceso al aborto farmacológico; desmantelar las políticas de vehículos limpios y las protecciones medioambientales de larga duración; derogar las políticas de inmigración como el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés); retener fondos de respuesta a desastres y la asistencia a las víctimas; y “politizar los programas de subvenciones para apropiarse de los recursos gubernamentales estatales y locales para fines federales”.
La agenda declarada de Trump para el medioambiente por sí sola podría amenazar las políticas climáticas de California —como las normas estatales sobre emisiones de vehículos— que durante décadas han ayudado a marcar el ritmo para el resto del mundo. El presidente electo y otros líderes republicanos también han denunciado políticas que apuntalan el tejido social en California.
Durante la campaña, por ejemplo, Trump dijo que llevaría a cabo deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados. También criticó las propuestas y políticas de California que proporcionan beneficios a esos inmigrantes; el estado actualmente proporciona beneficios a nivel de Medicaid a los residentes de bajos ingresos, independientemente de su estatus migratorio.
Los conservadores se oponen a lasprotecciones constitucionales del estado en materia de derecho al aborto y anticoncepción, y han resentido los esfuerzos de Newsom por proporcionar servicios reproductivos a las mujeres en estados con prohibición del aborto.Las leyes de armas de California se encuentran entre las más estrictas del país, y son puestas a prueba de forma rutinaria a través de demandas que recorren los tribunales federales.
Durante su primer mandato, Trump se puso del lado de la industria agrícola de California en el eterno tira y afloja por los escasos suministros de agua en el estado. En agosto, sugirió que, si era elegido, retendría la ayuda federal para incendios forestales si el estado no entregaba más agua a los agricultores.
Trump y los republicanos también podrían intentar acabar con la protección de los residentes transgénero del estado. En julio, Newsom firmó una ley que prohíbe a los distritos escolares obligar a los educadores a notificar a los padres si sus hijos piden usar nombres o pronombres diferentes. El estado ha entablado continuas batallas con distritos dirigidos por conservadores, y los líderes republicanos podrían tratar de intervenir.
Los líderes locales en California también se han preparado para posibles batallas legales, sobre todo en torno a la probabilidad de que Trump intente cumplir sus promesas de campaña de llevar a cabo deportaciones masivas.
En San Francisco, que demandó al primer gobierno de Trump por sus esfuerzos para presionar a la policía para que ayudara con la aplicación de la ley federal de inmigración, el fiscal de la ciudad, David Chiu, dijo el jueves que estaba planeando nuevamente “usar todas las herramientas legales a nuestra disposición para defender nuestra ciudad”.
Y en Los Ángeles, donde más de un tercio de los residentes son nacidos en el extranjero, la alcaldesa Karen Bass trató de tranquilizar al público.
“No importa dónde naciste, cómo llegaste a este país, cómo rezas o a quién amas, Los Ángeles estará contigo”, dijo en un comunicado el miércoles. “Este no es un momento para la desesperación, es un momento para la acción. He hablado con líderes de toda la ciudad, el estado y el país. Estamos preparados”.
Pero otros estados demócratas también tienen mucho que proteger o leyes similares a las de California. Durante el primer gobierno de Trump, la oficina de Ferguson en el estado de Washington se vio envuelta en decenas de demandas contra el gobierno federal. Su oficina ha dicho que 55 de ellas salieron victoriosas, mientras que solo tres fracasaron.
Un alto asesor de Pritzker, que habló bajo condición de anonimato para discutir la planificación, dijo que el gobernador estaba buscando formas de proteger los registros de las mujeres que acuden a Illinois para abortar, hasta los pormenores más detallados de los pagos al programa de peajes E-ZPass o las llamadas de teléfono celular. Estas leyes serían impugnadas casi con toda seguridad en los tribunales, dijo el funcionario, pero el asesor jurídico jefe y el personal político de Pritzker están examinando la mejor manera de aprobar una legislación que se sostenga en los tribunales.
El personal del gobernador también está buscando maneras de proteger a los inmigrantes —indocumentados o documentados— de las redadas y órdenes de deportación que Trump ha prometido llevar a cabo tan pronto como esté de vuelta en el cargo.
Y, dijo el funcionario, Pritzker está estudiando un paquete de proyectos de ley que codificarían las regulaciones ambientales estatales como leyes estatales para fortalecerlas contra cualquier impugnación federal.
En 2019, los legisladores de California intentaron una táctica similar, al aprobar un proyecto de ley que, en esencia, habría encerrado como estatutos estatales las normas del gobierno de Obama sobre aire, agua, especies en peligro de extinción y clima, con el objetivo de reforzar legalmente a California contra los retrocesos del gobierno de Trump. Newsom lo vetó en medio de una feroz oposición de los intereses agrícolas de California, cuestionando si sería eficaz.
Los estados han recurrido cada vez más a las demandas judiciales con éxito, sobre todo a medida que ha aumentado la polarización política. Según una base de datos mantenida por Paul Nolette, politólogo de la Universidad de Marquette, los fiscales generales republicanos han presentado hasta ahora unas 60 demandas contra el gobierno de Biden, ganando alrededor del 76 por ciento de ellas. Durante el primer mandato de Trump, los fiscales generales demócratas presentaron unas 160 demandas, ganando alrededor del 83 por ciento de las veces.
“Creo que lo que ocurrió durante el primer gobierno de Trump se va a repetir”, dijo Erwin Chemerinsky, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley.
“Hoy en día, la Corte Suprema es más conservadora que cuando Trump asumió el cargo en 2017, y creo que este mandato de Trump va a ser más agresivo, más pronto, a la hora de impulsar la agenda conservadora, pero también creo que los estados serán igualmente agresivos a la hora de contraatacar desde el principio”.
No hay comentarios
Publicar un comentario